Corrupción, minería ilegal y una tasa impugnada: bomba de tiempo para el Gobierno de Daniel Noboa

En medio de corrupción, minería ilegal al alza y una tasa minera impugnada, el Gobierno reemplazó al director de la Agencia de Regulación y Control Minero. Pablo Leonardo Izurieta asume una institución bajo fuego.

El Gobierno de Daniel Noboa removió a Patricio Bonilla de la dirección de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y nombró en su reemplazo a Pablo Leonardo Izurieta, técnico en administración de empresas, excapitán del Ejército y hermano de Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación y delegado ante el BID. La decisión llega en medio de una creciente disputa con las empresas mineras formales por el nuevo impuesto o tasa establecido para financiar la lucha contra la minería ilegal.

Izurieta, de 63 años, asume en un momento de máxima tensión para el sector. Desde la reactivación de la Arcom como agencia autónoma en mayo de 2024 —tras su separación de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales — ya se han tenido dos directores. Primero, Bonilla (desde 2023 a julio de 2025); ahora, reemplazado sin explicación oficial.

Una tasa impugnada y un sector formal al borde del colapso

La tasa o impuesto minero —en vigencia desde el 31 de mayo de 2025— obliga a todas las empresas con concesiones, incluso en exploración, a pagar hasta $375 por hectárea, un cobro inédito en la región. El objetivo oficial: recaudar $229 millones al año para fortalecer la fiscalización de la minería legal e ilegal.

Pero la medida ha encendido las alarmas. Empresas nacionales y extranjeras, además de la Cámara de Minería de Ecuador han presentado demandas de inconstitucionalidad, alegando que no hay sustento técnico ni jurídico y que Ecuador se convierte en el país más caro del mundo para explorar. “Es un nuevo impuesto encubierto disfrazado de tasa”, advirtió Andrés Moreno, ingeniero minero.

La Corte Constitucional ha sentado precedentes claves al declarar inconstitucionales otras tasas similares por parte de entidades públicas cuando no hay una contraprestación clara y directa de servicios. En al menos tres casos, el más emblemático en 2017, resolvió que tasas como la impuesta por el Senae por control aduanero eran en realidad tributos disfrazados. Técnicos advierten que la tasa minera podría correr la misma suerte, ya que no hay certeza de una prestación efectiva de servicios de fiscalización, especialmente en zonas remotas donde la presencia estatal es mínima o inexistente.

El impacto económico es profundo: para muchas empresas, los ingresos proyectados no cubrirían los gastos operativos, mantenimiento, salarios e impuestos, mucho menos una reinversión en exploración. Algunas ya evalúan devolver sus concesiones, lo que dejaría vastos territorios en manos del crimen organizado.

Todo esto haría que la apertura del catastro minero, luego de siete años, quede en nada.

Un presupuesto récord en una agencia bajo sospecha

Hacer frente al rápido crecimiento de la minería ilegal es la tarea más ardua que tiene hoy la Arcom, que por ahora cuenta con 164 funcionarios y un presupuesto de $5,7 millones para 2025. De ese monto, $4,3 millones están destinados a sueldos y apenas $156.610,31 a infraestructura y equipos.

A esta realidad se la quiere cambiar con el financiamiento de la tasa o impuesto minero. Uno de los primeros pasos será aumentar su personal: de 164 funcionarios actuales a al menos 190 en agosto. Además, se crearán más oficinas técnicas y direcciones distritales. La meta para 2025 es llegar a 11 distritales y siete oficinas técnicas.

Aunque el exdirector Bonilla sostuvo que los recursos permitirán dotar a la Arcom de tecnología avanzada —vehículos blindados, drones, espectrómetros, equipos de protección—, la falta de transparencia ya genera sospechas. En un detalle que se hizo público se planeaba la compra de 300 camionetas de $120.000 cada una, 150 drones de $146.666, y pagar sueldos promedio de $3.333 a 600 técnicos. Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo se utilizará el nuevo presupuesto.

Robo de oro y filtraciones

Izurieta hereda una institución plagada de escándalos. Entre ellos:

● Desaparición de 20 toneladas de material mineralizado en 2023.
● Sustracción de 228 toneladas de material mineralizado en 2022, valoradas en $1,3 millones.
● Venta de cargos en zonas clave, con pagos de hasta $150.000.
● Filtración de operativos a mineros ilegales.
● Expedientes incompletos y cobros de multas no registrados según Contraloría.
● Denuncias de corrupción sistemática en informes recientes.

La Arcom, según una abogada del sector, ha sido permisiva. En varios casos, cuando las empresas solicitan operativos de desalojo, la minería ilegal ya ha evacuado el sitio, presuntamente por filtraciones internas.

El avance de la minería ilegal: violenta y más rentable

La Arcom ha identificado 387 puntos de minería ilegal en 17 provincias. De estos, 40 son «muy peligrosos» por la presencia de Grupos Armados Organizados. Las provincias más afectadas incluyen Imbabura, Esmeraldas, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Uno de los casos más graves ocurrió el 9 de junio de 2025, cuando 11 militares fueron asesinados en la zona de Punino, en Napo. El 3 de julio, otro soldado murió en Buenos Aires, Imbabura. Estas zonas, según la Arcom, son epicentro de redes criminales que operan con apoyo logístico de comunidades empobrecidas.

Un reporte oficial detalla que los delitos conexos incluyen porte de armas, trata de personas, defraudación tributaria, extorsión, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Bonilla, durante su última rendición de cuentas, informó que de 15 concesiones mineras denunciadas por la ciudadanía en Napo, 11 fueron suspendidas y 4 caducadas tras inspecciones.

Entre julio y diciembre de 2024, la Agencia realizó 30 operativos que permitieron incautar 1.595 maquinarias, equipos y material mineralizado. El desafío ahora es multiplicar esta capacidad con el nuevo presupuesto y frenar un negocio ilícito que ya supera los $1.000 millones anuales. Pero, como ya publicó LA HORA, el enfoque solo en los operativos y las acciones militares consigue efectos temporales a corto plazo, pero no termina con el problema. (JS)

Crimen organizado, minería ilegal y corrupción institucional: la alerta de la ONU

A finales de mayo de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) publicó un informe contundente: Delitos relacionados con los minerales: minería ilegal de oro. Allí concluye que la transición global hacia energías limpias ha disparado la demanda de minerales estratégicos, creando un entorno propicio para su obtención a través de redes criminales y corrupción.

La minería ilegal de oro se ha vuelto altamente lucrativa en Sudamérica y ha sido cooptada por grupos de delincuencia organizada (GDO), conectados con el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando de armas. “No actúan de forma aislada, sino como parte de una red delictiva transnacional más compleja”, dice el documento.

Sobre Ecuador, el informe advierte que desde 2023 hay evidencias crecientes de que los GDO controlan zonas mineras ilegales, extorsionan a trabajadores y operan en complicidad con redes de corrupción estatal. La Unodc cita a la OEA, que denunció en 2021 una “corrupción generalizada en Arcom y el Ministerio de Energía”, que permitió otorgar concesiones a cambio de sobornos y facilitó operaciones ilegales sin control.

La Unodc también documenta que, en la última década, las zonas de minería ilegal dentro de tierras indígenas amazónicas aumentaron 625% en países como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Venezuela. A ello atribuye parte del aumento de violencia en estas regiones. Ecuador cerró 2024 como uno de los países más violentos de América Latina, con más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Fuente: La Hora